Ley Bonilla: Violación a la Voluntad Ciudadana


Por Abraham Hernández Navarrete

Morelia,a 6 de noviembre de 2019.- ¿En qué consiste la llamada Ley Bonilla y por qué ha causado tanta polémica? La Constitución de Baja California establecía que el candidato a gobernador que surgiera electo de la elección de junio de 2019 duraría en su cargo dos años, con la finalidad de homologar las fechas de las futuras elecciones locales y las elecciones federales. Esto no es nuevo, en Puebla, el gobernador José Antonio Gali Fayad fue electo por un periodo de veinte meses y en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares fue electo por un periodo de dos años. En ambos casos también fue para homologar calendarios electorales y se respetó la ley.

A finales de julio de este año el Congreso de Baja California aprobó una reforma para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla. De primer momento se podría pensar que fue una decisión lógica, ya que dos años no parecen ser suficientes para llevar a cabo un plan de gobierno. El problema con esta decisión es que se tomó una vez que ya se habían llevado a cabo las elecciones en las cuales los electores de Baja California votaron por un gobernador de dos años, no de cinco años. Es decir, la reforma aprobada por el Congreso del Estado pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizará el proceso electoral, lo cual contraviene lo establecido en el Artículo 105 de la Constitución Federal. Se cambiaron las reglas del juego una vez que ya había terminado, a favor del ganador. Todo parece indicar que los legisladores sabían del atropello que iban a realizar ya que la sesión fue a puerta cerrada y en una sede alterna.

A finales de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una sentencia del tribunal electoral local dejando claro que el mandato sería de dos años. La Sala Superior sustentó su decisión en que la inaplicación del artículo transitorio que establecía una gubernatura de dos años debió haber sido solicitada desde el momento de la emisión de la convocatoria del proceso electoral. Aun así, el Congreso Local, con el respaldo de Morena, el partido del gobernador electo, y de diputados de oposición, entre ellos, la mayoría del PAN, procedieron con la aprobación de la reforma.

Aunado a esto, a principios de octubre se llevó a cabo una consulta, convocada por el Congreso del Estado, para que los ciudadanos votaran a favor o en contra de la ampliación del mandato. Independientemente del resultado, este tipo de consultas no están previstas en la Constitución local y solamente participo el 1.9% de los electores que integran la lista nominal del órgano electoral local. Por lo que dicha consulta careció de legalidad y legitimidad.

Hay muchos culpables en este atropello a la democracia en Baja California. Entre ellos, el Congreso Local, el gobernador electo, el tribunal electoral local, la dirigencia nacional de Morena y servidores públicos del más alto nivel, entre ellos, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en días pasados fue captada en un video mostrando su apoyo a la Ley Bonilla, mientras que en septiembre había sostenido en el Senado que era inconstitucional. Es lamentable que al haber sido ministra del máximo tribunal constitucional, cuya principal función es salvaguardar los principios constitucionales, los cuales fueron violentados por esta ley, no se mantuviera firme en su postura inicial.

La última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas las condiciones están dadas para que declare inconstitucional la Ley Bonilla y así, haga valer su calidad de contrapeso a las acciones del poder ejecutivo y del poder legislativo.  Aunque no deja de ser alarmante que se haya tenido que llegar a estas instancias.