Javier Velázquez/ Grupo Marmor
Luego que el Comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi reconociera que en Michoacán el estado de derecho es muy “pobre”, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar puntualizó que en México en general, no se hace valer el estado de derecho.
El edil moreliano expresó que debido a la falta de cumplimiento de la ley, es muy común que la violencia se siga extendiendo en todo el país, destacando que la mayoría de los malhechores tienen conocimiento que no se les juzgará de manera adecuada, por lo que continúan realizando sus actos vandálicos, por lo que expresó que se encuentran trabajando en este tema.
Martínez Alcázar expresó que gracias al nuevo convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado, ahora la policía municipal generará las denuncias que muchas veces no se hacen, con ello, tendrán un panorama general acerca de la situación que se vive en la capital michoacana, atendiendo de lleno los puntos de mayor incidencia.
Asimismo resaltó que aunque existe un retroceso en el tema, debido a que durante la pasada administración municipal, se dejó de percibir las denuncias, se espera que al menos al finalizar este año, se tenga un avance en el tema, esto luego que desde el pasado mes de octubre, la corporación policiaca se encontraba en capacitación, para que en el mes de noviembre, se pudiera comenzar a trabajar en el levantamiento de quejas.
Para finalizar, determinó que la policía municipal se encuentra transparentando la incidencia principalmente de los delitos que que se generan en la capital michoacana, esto a fin, que los morelianos puedan tener una percepción extra al del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual han mencionado, muestra solamente aquellos en los que se presenta una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.
Cabe mencionar que fue durante la firma de convenio de colaboración entre la Policía Municipal y COPARMEX, que González Cussi expresó la referida declaración, destacando que no existen consecuencias reales para los que infringen la ley, siendo a veces, la mayoría de los propios funcionarios quienes realizan este tipo de actos.
