INE acepta resolución de la SCJN; hará consulta de revocación de mandato

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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), organizar la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO), el órgano electoral informó que recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso y acatará la decisión con el presupuesto existente.

No obstante, al emitir su posicionamiento, el Instituto señaló que se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización del ejercicio de participación ciudadana, ya que la determinación de la Corte “tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”.

El órgano electoral explicó que la determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.

De acuerdo con el Instituto, los mandatos de ley suponen una inversión de 3,830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara el ejercicio de revocación de mandato.

Sin embargo, recordó que la Cámara de Diputados realizó un recorte de 4,913 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2022, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.

“Hasta el momento, el INE sólo cuenta con 1,503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades, pues señala que del acuerdo tomado por este órgano se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”, señaló el órgano en un comunicado.