Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- Con la intensión de que los feminicidios no queden en la impunidad, la diputada María de la Luz Núñez Ramos, buscará que se castigue a los funcionarios públicos que sean omisos, negligentes o entorpezcan las investigaciones en torno a los asesinatos de mujeres por violencia de género.
La propuesta es modificar el artículo 120 del Código Penal del Estado de Michoacán para que servidores públicos puedan ser sancionados con hasta 6 mil días de multa (577 mil 320 pesos) y de 2 a 6 años de prisión, además de la inhabilitación del cargo hasta por 10 años a quienes derivado de sus funciones y atribuciones, tengan a su cargo la investigación o la procuración e impartición de justicia de feminicidios e incurran en las siguientes acciones:
- Ser omiso en realizar las diligencias e investigaciones sin causa justificada.
- Actos de discriminación, coacción e intimidación, contra la o el denunciante, ofendido o víctimas indirectas.
- Retarde o entorpezca intencionalmente, o por negligencia, la procuración o administración de justicia.
- Altere, manipule o modifique las pruebas
“Si los servidores públicos no cumplen con el trabajo al que están obligados por ley, deben ser destituidos e inhabilitados de sus cargo o comisión pública. Esto no sólo es un tema jurídico, lo es también de ética profesional”, menciona la exposición de motivos de la iniciativa.
Actualmente el Código Penal de Michoacán no contempla sanciones a funcionarios que entorpezcan el acceso a la justicia específicamente en casos de feminicidios.
Datos del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías del 2020 reveladas por la organización Impunidad Cero, mencionan que el nivel de impunidad en Michoacán en ese año llegó al 89.7%, la procuración de justicia al 20.3% y el esclarecimiento de los delitos en un lamentable 1.3%; para el 2021 la Fiscalía michoacana subió la judicialización a un 30%.