Javier Velázquez/ Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitiera una recomendación en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), para que atendiera el caso del ataque recibió la comunidad de Arantepacua, diversos comuneros señalaron que ya preparan movilizaciones para exigir que la misma, atienda dicho caso.
De acuerdo a información proporcionada por los propios pobladores señalaron que la CNDH, reconociera que fueran poco más de 1000 pobladores los que sufrieron algún tipo de ataque por parte de la pasada administración estatal, encabezada por Silvano Aureoles Conejo y el ahora Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, destacaron que la FGR, no tomó por considerar que no era de relevancia política necesaria, por lo que exigen a la misma, atender el tema.
Expresaron que fueron 4 comuneros los que resultaron asesinados por la administración estatal, además fueron poco más de 10 casos de tortura, así como 48 casos de detenciones arbitrarias y 38 más, de ataques directos a dicha comunidad, por lo que comentaron que sí, dicho número de lesionados no representa una relevancia, no saben qué podría generar indignación entre las autoridades federales.
Para finalizar, dijeron que la FGR pidió al ahora fiscal, investigarse así mismo por dichos hechos, por lo que no confían que los resultados que arrojaría este tipo de investigación arrojen un resultado ético, por lo que comentaron que de no tomar el caso tendrán además de movilizaciones, otro tipo de acciones tanto en el estado como en la Ciudad de México, esto con el fin que sea resuelto este tema.
Cabe mencionar que los pobladores de Arantepacua expresaron que los ataques se realizaron los días 4 y 5 de abril del 2017, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en ese momento presidida por López Solis interviniera en un conflicto agrario que dejó a su paso cuatro ejecuciones extrajudiciales y decenas de heridos tras el conflicto.
Se debe puntualizar que tras dichos hechos, la comunidad no quiere tener nada que ver con el sistema de gobierno partidista y estatal, generando que sus propias condiciones de seguridad, así como tener un presupuesto directo para evitar tener contacto con alguno de ellos y de esta forma, bajo su figura de usos y costumbres, tener plena autonomía.
