En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.
Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.
En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.
