La directora de la primaria en la cual un niño fue violado ofreció a su madre una beca y una despensa como compensación de los hechos ocurridos al interior del plantel ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato; mientras que la Fiscalía inició una investigación para deslindar responsabilidades en el caso.
Un niño de seis años fue violado por tres de sus compañeros de plantel, quienes estudian un año escolar arriba de la víctima y los cuales lo encerraron en un baño de la primaria estatal José María Martínez Ortega para posteriormente abusar sexualmente de él.
La madre de la víctima se dio cuenta de que algo le había pasado a su dijo cuando fue por él a la escuela, pues el niño tenía todas sus prendas al revés, incluída la ropa interior, además de que posteriormente el propio menor narró lo ocurrido a su madre.
La mujer, quien sufre de un trastorno del habla y quien no sabe leer o escribir, acudió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) para interponer una denuncia en contra de quienes resulten responsables, ante lo cual el agente del Ministerio Público (MP) que la atendió le pidió regresar al plantel para obtener los nombres de los presuntos agresores.
Al acudir a la primaria, la directora de la escuela, Alma Delia Vargas Castro, se negó a proporcionar los nombres de los niños involucrados en la violación, además de minimizar el actuar de los menores y brindar una atención nula a la víctima, quien avisó de los hechos a su maestra.
Como compensación de lo ocurrido, la directora le ofreció una despensa y una beca a la mujer indígena, quien acudió al plantel en compañía de su madre, abuela de la víctima, ante la nula respuesta de las autoridades.
Ante los malos tratos y omisiones de las autoridades de la primaria, las dos mujeres se manifestaron al exterior del plantel para informar de lo ocurrido, por lo cual diversas madres de familia se enteraron de los hechos y exigieron a las autoridades investigar el incidente.
La Secretaría de Educación de Guanajuato acudió al lugar para dialogar con la mujer, a quien obligaron a asegurar que estaba siendo apoyada y tratada de una forma respetuosa a pesar de previamente haber denunciado las deficiencias en el proceso.