Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- Entre el 30% y 40% es el avance de la construcción de un espacio deportivo en la comunidad de Arantepacua, como parte de las cuatro obras para la reparación del daño a la localidad ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cinco años de que fuerzas policiacas del estado generaron varios enfrentamientos dejando un saldo mortal de cinco muertos.
Lo anterior lo dio conocer la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Elvia Higuera Pérez, quien además recordó que la reparación del daño será ejercida por el gobierno de Michoacán tanto e lo colectivo como lo individual.
Sobre este último punto, se está todavía trabajando en los estudios y dictámenes individuales para determinar el daño sufrido por cada una de las más de 800 víctimas de Aratepacua.
“Se está avanzando con al primera obra, que es parte de los acuerdos, que es un campo deportivo que ya tiene un avance de un 30%- 40%, y por lo que es la reparación individual, se está por hacer un psicodiagnóstico elaborado por personas expertas, antropólogos, psicólogos, historiadores, mediante la cual se harán valoración o dictámenes individuales acorde al daño que les fue generado al momento de la intervención de la policía”
“No es la misma afectación que puede tener una viuda de una de esas personas que fueron asesinadas, a lo mejor alguien que iba pasando y alcanzó una pedrada y tuvo que correr porque llegó la policía”, refirió la funcionaria.
Es de recordar que, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó una unidad deportiva, una clínica médica, un taller de carpintería y una universidad, como las cuatro infraestructuras a construir para la reparación del daño a la comunidad.
En diciembre del 2020, la CNDH emitió la recomendación respecto a los hechos ocurridos el 05 de abril del 2017. El oficio 42VG/2020 reconoce violaciones graves a los derechos humanos de los comuneros, entre ellas, violación a la seguridad, integridad, a la vida y libertad. Asimismo señala actos de tortura contra las víctimas.
De lo ocurrido en esa comunidad ubicada en el municipio de Nahuatzen, resultaron cuatro comuneros muertos -entre ellos un menor de edad- y un policía también fallecido.