Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- Luego de que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán (Jucopo), rechazara la solicitud de la diputada Margarita López Pérez, para la suspensión temporal de la Secretaria de Finanzas y Administración interna, Rocío Pineda Gochi, informó que la funcionaria de la LXXV insiste en la negación para entregar información solicitada por los diputados que integran el Comité de Administración y Control.
Es de recordar que, el pasado 23 de junio, López Pérez entregó un documento para instruir al Contralor Interno, la suspensión temporal como medida cautelar de Pineda Gochi, Beatriz Ariadna Clímaco Ortega, como Directora General de Finanzas, del C.P. Rafael Renault Contreras López, Jefe del Departamento de Contabilidad y la Lic. María Isabel Ceja Linares, como apoderada jurídica.
La Jucopo rechazó la solicitud de la legisladora del PVEM. Sobre esta decisión, mencionó que se debe a la falta de interés en el tema de las finanzas internas del Congreso, mientras que no descartó que también puede existir intereses económicos en los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integral a la Junta.
Como integrante del Comité de Administración y Control, la diputada destacó que han encontrado diferentes irregularidades en partidas del Legislativo, como cifras alteradas, duplicadas y hasta triplicadas; botiquines presupuestados por miles de pesos; incremento de un millón y medio de la gasolina que se gestiona para el Congreso; y el software contratado por cinco millones y que no se utiliza.
“El software es la punta del iceberg de todo lo demás que está debajo que son cientos de miles de pesos que están volando y que no sabemos en donde están. Hemos estado pidiendo claridad, nos han venido entorpeciendo, la señora -Rocío Pineda- dice que se ve imposibilitada a dar información, se ve imposibilitada para todo”.
Margarita López también informó sobre la cancelación de las auditorías internas en el Poder Legislativo, entorno al capítulo mil (el de nómina), labores suspendidos por órdenes del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a decir de la diputada.
La única manera de que las investigaciones puedan avanzar en el esclarecimiento de la contratación de servicios por un monto de cinco millones 500 mil pesos, es que esos funcionarios estén fuera del Congreso, para que no impidan la realización de las actuaciones necesarias.