Miriam Meza/Grupo Marmor
De aprobarse la controversia constitucional para eliminar la prisión preventiva en el país, podría ocasionar que en Michoacán 3 mil 872 personas que enfrenta un juicio penal podrían quedar el libertad, así lo señaló el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quién se dijo en desacuerdo con la intención de eliminar está medida cautelar de la Constitución Mexicana.
En el encuentro con medios de comunicación, Ramírez Bedolla, explicó que está medida se aplica quiénes cometen los delitos graves como: homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, robo a casa habitación, por mencionar algunos, además de otros delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Ante esto, el mandatario afirmó que las personas que cometen este delito representan una amenaza para la sociedad.
“Quieres cometen estos delitos representan una amenaza para la paz social y el bienestar social de los ciudadanos, permitir que sigan en libertad las personas vinculadas a delitos graves dejaría a las víctimas, a los testigos, a los denunciantes y a los propios jueces en una situación de riesgo que vulnera también al sistema de justicial”
El jefe del ejecutivo precisó que está acción podría llegar a una catástrofe de impunidad.
“Eliminar de manera automática e inmediata la prisión preventiva oficiosa nos nos llevaría a una catástrofe de impunidad, convocamos a los ministros de la Suprema Corte a decidir con responsabilidad y realidad de las circunstancias que vive el país, si es que llegan a votar a favor que no sea de manera inmediata y se establezca un plazo para revisar caso por caso y determinar aquellas que deben seguir”
Cabe mencionar que el principal objetivo de la prisión preventiva es mitigar el riesgo de fuga de la persona imputada, además de proteger a las víctimas de los delitos cometidos y posibles testigos. Esta se plantea como la última de las medidas cautelares, por lo que debería ser solicitada expresamente por el Ministerio público y justificada por un juez, teniendo en cuenta el marco normativo y los derechos de las y los implicados.
No obstante, cuando esta se declara oficiosamente, no es necesario que sea justificada. Es decir, únicamente con la judicialización del caso y vinculación a proceso, una persona puede ser encarcelada. Por consecuencia, estaría pagando una pena sin que se demuestre su culpabilidad.
Bajo este contexto, mencionó que gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el estado hab establecido una estrategia para que los delitos no se queden solo en denuncias, ya que aumentaron en un 12.51% las carpetas judicializadas de enero a julio de 2021 al pasar de 2 mil 221 a 3 mil 624 .
Asimismo, refirió que gracias al trabajo conjunto han aumentado en 65.7% el cumplimiento de mandamientos judiciales y el número de sentencias condenatorias en casi 27%, ya que en el mismo periodo pasaron de 171 a 217
“En Michoacán actualmente tenemos un registro 2 mil 303 personas sentenciados y 3 mil 872 personas que siguen su proceso penal en prisión preventiva pero según el ministro deberían estar en libertad”, concluyó el gobernador
El gobernador, aseguró que el gobierno de la entidad está a favor de una expedición de la justicia pronta y expedita para que la prisión preventiva sea una verdadera medida cautelar transitoria y no se convierta en el limbo de la ineficiencia judicial.
Por lo que convocó a los ministros y ministras de la Suprema Corte a valorar la aplicación efectiva de es sgugura de cara a la realidad de este país, en la cuál se lucha para eliminar un sistema corrupto en el que la impunidad era una moneda de cambio para los que más tienen.