El viernes la ONU se pronunció ante la aprobación del Congreso para que la Guardia Nacional quede bajo un mando militar.
La institución aseguró que México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en Derechos Humanos.
Las organizaciones coincidieron en lamentar dicha aprobación, a pesar de que ese cuerpo se puso en marcha para tener una renovada fuerza civil para que los militares fueran dejando las labores policiales y regresaran a los cuárteles.
Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en 80 por ciento por miembros del Ejército y la Marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa, algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.