La denuncia en contra de la política fue puesta por su sucesora en el cargo y fue detenida por el personal de la Fiscalía General del Estado (FGESLP) tras haber transferido a su cuenta personal una cifra de 27 millones de pesos.
La orden fue otorgada tras haberse investigado un supuesto contrato de compra-venta de una empresa constructora en Valle Hidalgo, San Luis Potosí, contrato celebrado por el ayuntamiento cuando la presidenta era la detenida identificada como Euridice “N” por el Partido Revolucionario Institucional. El monto celebrado fue de 27 millones de pesos que también fue depositado al ayuntamiento pero tiempo después el mismo monto apareció en la cuenta personal de la ex-presidenta.
Los delitos por los que se le acusa a la detenida son supuestamente; uso indebido de funciones, ejercicio de la función pública, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, se presume que tanto el ex-secretario como el ex-tesorero podrían ser citados por las autoridades así como otras cinco personas que eran parte del cabildo.