Debido a que desde el 2014 no se modifica la legislación en materia de extorsión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Michoacán, trabajan en la integración de una reforma al Código Penal del Estado para que el delito se persiga por oficio, se aumenten las sanciones y se reclasifique como delito contra la seguridad personal.
En reunión, donde el titular del Ejecutivo expuso los avances de la propuesta que se enviará al Congreso del Estado, el mandatario destacó que en coordinación con los jueces se actualizará la normatividad para que sea más eficiente la administración de la justicia y no queden impunes casos por este delito.
Además informó que también se ha consultado a la Coordinación Nacional Antisecuestros, para que el delito se adecue dentro de la Ley General Anti Secuestro, porque la extorción también tiene una afectación a la seguridad personal, por eso, la importancia de contar con un tipo penal actualizado que permita una mayor cantidad de denuncias.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Reséndiz García, manifestó la disposición de generar mecanismos y modificar la legislación para lograr la paz social que demanda la población, ya que coincidió en que la reglamentación ha sido superada por la creatividad de la delincuencia.
Los jueces agradecieron al gobernador el interés de incluirlos en el proceso y comentaron que aportarán lo que les corresponda para tener una ley acorde a los tiempos actuales en favor de las y los michoacanos.
Acompañaron al mandatario el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; el consejero jurídico del Ejecutivo del estado, César Augusto Oceguera Robledo; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, así como jueces de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Sahuayo, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y del Sistema Inquisitivo Mixto de Morelia.