Entre estos actos degradantes que enfrentan las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que están privadas de su libertad, se encuentran el sometimiento a situaciones de servidumbre forzada y a proveer “servicios sexuales”, señaló el diputado Víctor Manríquez González, coordinador de la Representación Parlamentaria en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador refirió que existen reportes de las reclusas transgénero se ven forzadas a participar como trabajadoras sexuales y que otras personas pertenecientes a este colectivo son colocadas en celdas con personas conocidas de ser perpetradoras de actos de violencia sexual.
“Se les obliga a ser sumisas, a realizar labores de limpieza y otras tareas degradantes en recintos penitenciarios; la mayoría de estos reclusos probablemente habrán perdido todo contacto con sus familias, por lo tanto, son internos que carecen de apoyos”.
Víctor Manríquez recalcó que en algunos centros penitenciarios, los internos que han sido víctimas de violación son catalogados como “homosexuales” y tratados como el grupo más abajo en la jerarquía penitenciaria; las personas intersex son víctimas de estos tipos de ataques incluso con mayor frecuencia que aquellos sentenciados por delitos sexuales.
“La violencia es ejercida en primer término por el personal encargado de asegurar y salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad; el mismo personal de la prisión participa en la administración de redes de prostitución”.
Agregó que en México, organizaciones alegan que al menos del 60 por cieto de las personas LGBTTTIQ+ privadas de libertad han sido víctimas de diferentes tipos de abusos; debido a lo anterior estas personas deciden permanecer encerradas en sus celdas el mayor tiempo posible para aludir ser atacadas por otras personas privadas de la libertad.
“El número de reclusos pertenecientes al colectivo LGBTTTIQ+ ha representado del 5 por ciento a menos del 1 por ciento del total de la población penitenciaria”, subrayó.