Este histórico fallo, emitido el 18 de octubre, se originó a raíz de un amparo presentado en 2021 por una mujer que no estaba embarazada. La demandante argumentó que la legislación vigente violaba su derecho a decidir, ya que imponía penas de entre seis meses y tres años de cárcel para quienes abortaran de manera voluntaria.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente beneficia a la mujer que presentó el amparo, pero establece un precedente importante al considerar que la regulación de la práctica del aborto viola el derecho a decidir de las mujeres. Según el fallo, “la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar la regulación del delito de aborto, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de las normas penales”.
El estado mexicano de Chihuahua se convirtió en el decimotercer estado de México en despenalizar el aborto, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de los artículos que castigaban este procedimiento. Este proceso fue respaldado por organizaciones que defienden la interrupción voluntaria del embarazo, las cuales celebraron el fallo y señalaron la necesidad de que el Congreso de Chihuahua reforme su legislación en consonancia con la sentencia de la Corte.
Ninde del Moral, coordinadora de incidencias de AbortistasMx, expresó que “esta resolución envía un mensaje claro a las autoridades, indicándoles que su legislación va en contra de la Constitución”.
