En tan solo nueve días del naciente año 2024, Michoacán registra ya al menos 60 ejecuciones, cifra que explica la fallida estrategia de seguridad que han implementado las autoridades de la entidad.
La espiral de violencia no tiene fin y en cada sector de la población se puede ver cómo los grupos delincuenciales se están apoderando de todo, desde hace meses agricultores dedicados al sector aguacatero y limonero denunciaron que son amedrentados y extorsionados por grupos de la delincuencia organizada sin que las autoridades estatales les brinden seguridad y justicia. A esto se le suma que las estrategias de seguridad que incluyen la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no han sido eficientes para hacer frente a esta situación.
La crisis de inseguridad en Michoacán le ha arrebatado la estabilidad no sólo a los pobladores del estado, sino también al país; ha desequilibrado la economía nacional, pues la entidad es la principal productora de aguacate de México, con el 86.2 % de producto, así como la segunda en producción de limón, con el 24.1 %, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con corte a abril de 2023.
Tal y como ocurrió hace años los productores de limón y aguacate han denunciado las cuotas exigidas por la siembra, el uso de agua, la cosecha, el empacamiento y traslado a los puntos de venta, por lo que existe variación entre los costos de la extorsión.
Los grupos de delincuencia organizada amenazan y violentan para recibir el pago con acciones que van desde la quema de las huertas, empacadoras o tractores que paralizan los negocios, hasta amenazas de muerte a los productores.
De forma anónima por temor a los delincuentes, los agricultores acusan que las autoridades de Michoacán nada han podido hacer para contenerlos.
La denuncia es la misma en cualquiera de los municipios de la entidad, aquí se trabaja bajo las reglas que les imponen los cárteles, como son los horarios y días de trabajo”; quien desobedezca se atiene a las consecuencias.
Otro grave flagelo es el de las personas que están dejando sus propiedades ante el temor a los delincuentes, los desplazados son tema que tampoco se ha atendido por las autoridades michoacanas.
En Michoacán la disputa entre las células de los Cárteles Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana o Los Viagras, han dejado un hueco en la administración de Ramírez Bedolla en el tema de seguridad, lo que ha obligado a los habitantes de diversos municipios a un desplazamiento forzado para evitar ser víctimas mortales de las organizaciones criminales.
De acuerdo con cifras del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, los municipios de Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Nueva Italia, Chinicuila, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, concentran la mayor parte de personas desplazadas a causa de la inseguridad en la entidad.
La falta de una política de seguridad que respalde a los habitantes de las distintas comunidades de estos municipios, que en su mayoría son mujeres que se han quedado en sus hogares, mientras sus esposos, hijos o padres cruzaron la frontera norte para tener un mejor nivel de vida.
Mientras la inseguridad incrementa los usuarios de las Redes Sociales se burlan de las publicaciones del gobernador Ramírez Bedolla y su fallida estrategia de seguridad, el día que Bedolla dijo que Michoacán estaba listo para recibir a la firma Tesla, los cibernautas le dejaron 17 mil reacciones de burla, señalando que mejor se pusiera a trabajar por la gente de Michoacán que estaba sumida en la violencia y el abandono de sus autoridades.
En resumidas cuentas en Michoacán la delincuencia organizada es la que manda aunque el mandatario estatal piense lo contrario.