Guadalupe Martínez / Grupo Marmor
En el Congreso del estado, se prevé aprobar la propuesta de iniciativa relacionada al aumento de las penas en Michoacán por el delito de abuso sexual de tres hasta diez años de prisión.
La propuesta de iniciativa fue turnada al Congreso del estado a propuesta del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla para que se aumenten las penas por el delito de abuso sexual en la entidad, misma que será solamente leída este miércoles en la sesión para después enviarla a Comisiones.
En el documento, se indica que México ocupa el primer lugar entre las economías que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en abuso sexual de menores, pornografía infantil, violencia física y homicidios contra menores de edad.
Según los organismos de derechos humanos, los abusos y explotación de menores ocurren en su entorno más cercano, principalmente en casa o en la escuela. También se indicó que en el país las víctimas de violencia sexual de entre uno y 17 años son principalmente mujeres, ellas representaban el 92.9% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta violación a sus derechos a nivel nacional en 2022.
Mientras que en Michoacán, de acuerdo a lo que se indicó en la iniciativa es que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) se detectó que en 2021 hubo una prevalecencia del 39 por ciento de la violencia sexual a lo largo de la vida de las mujeres de 15 años y más.
Y en los últimos 12 meses, la prevalecencia de la violencia sexual se reflejó en el 2021 en un 21 poencienri, cuando en el 2016 había sido del 18.3 por ciento.
Por todo lo anterior, el gobierno del estado envió la iniciativa para que la 75 Legisltura del estado apruebe el incremento de las penas por abuso sexual de tres hasta diez años, mientras que si esta conducta se replica en una persona menor de 18 años o que no tenga capacidad para comprender el significado, entonces se le impondrá de nueve a 20 años de prisión.
En dado caso de que el delito por abuso sexual se cometa por quien desempeña un cargo o un empleo público, además de la pena de prisión, será inhabilitado o privado del ejercicio de dicha profesión hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta.
