Fer Coronel/Grupo Marmor
Morelia, Michoacán; 14 de junio de 2024.- Desde el lunes 10 ha habido una serie de manifestaciones llevadas a cabo por elementos policiales en Michoacán, Oscar Lemus de la Torre, miembro del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia y parte del Comité de Negociación de los manifestantes, ha levantado la voz en contra de la minimización de la situación por parte de las autoridades que la describen como un “error administrativo” por la falta de pago del beneficio Bambajío.
Los manifestantes denuncian que la minuta firmada con las autoridades para la regularización de los pagos no ha sido cumplida en su totalidad, ya que si bien algunos elementos han recibido sus salarios, muchos otros continúan sin percibir sus sueldos, con algunos acumulando hasta 7 meses o más sin recibir el pago.
Un caso particular es el de la policía Jessica, quien se ha visto obligada a endeudarse para sobrevivir con sus hijas, aceptando comisiones en otros lugares y pasando largos periodos de tiempo sin ver a su familia, teniendo como principal temor (no solo de ella sino de los demás elementos policiales) son las posibles represalias, que pueden incluir despidos injustificados, asignaciones a comisiones prolongadas lejos de sus hogares, descuentos en sus salarios y hasta amenazas.
Lemus de la Torre y diferentes mediadores subrayan que el desconocimiento de los policías de sus derechos no los exime de poseerlos, recordando a los elementos que cuentan con el respaldo de diversas organizaciones, mediadores y la ciudadanía.
En medio de las manifestaciones, un elemento denunció que los nuevos equipos y patrullas proporcionados son una “cortina de humo”. Según él, en operativos en zonas peligrosas como Apatzingán, los mandan con agrupamientos de solo 4 elementos y una patrulla en malas condiciones, mientras que en la capital se exhiben con vehículos nuevos para los medios de comunicación.
Actualmente, los elementos de la Guardia Civil continúan en negociaciones con las autoridades, y sus demandas ya no se limitan solo a la regularización de pagos atrasados, sino también a la mejora de sus históricamente precarias condiciones laborales y la destitución del Secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes.