Redacción / Grupo Marmor
En 1948, Japón aprobó la Ley de Protección Eugenésica, una legislación que permitía a los médicos realizar esterilizaciones forzadas, tanto con consentimiento como sin él. Esta ley, bajo la apariencia de una política de planificación familiar, tenía un propósito oscuro: prevenir que personas con discapacidades físicas e intelectuales, problemas de salud mental o enfermedades específicas, como la lepra, pudieran tener hijos, a quienes las autoridades consideraban “descendencia de mala calidad”.
El objetivo de esta intervención quirúrgica, que se llevó a cabo bajo una política de eugenesia, era asegurar la imposibilidad de reproducción de estas personas, enmarcada en una agenda de “mejorar” la calidad de la población. Esta práctica se mantuvo en vigor en Japón desde 1948 hasta 1996 y se justificó como un medio para “proteger la vida y la salud de la madre”.
Según un reciente informe parlamentario, que resulta de una investigación iniciada en 2020, aproximadamente 16.500 personas, en su mayoría mujeres, fueron sometidas a esterilización sin su consentimiento. De estas, alrededor de 8.000 dieron su autorización, aunque se sospecha que en muchos casos fue bajo presión. Además, se estima que otras 60.000 mujeres se sometieron a abortos para prevenir enfermedades hereditarias. Otros países adoptaron leyes similares a la que se menciona, incluyendo Estados Unidos, China, India, Suecia, Alemania, México y Perú.
El informe ha causado gran conmoción al desvelar que incluso niños de tan solo 9 años fueron sometidos a estos procedimientos. Además, ha sido objeto de críticas por no responder a muchas preguntas fundamentales sobre la política eugenésica y por el tardío rechazo de Japón a estas prácticas inhumanas.
Aún quedaban muchas heridas por sanar debido a la ley de eugenesia que había estado en vigor después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras años de lucha por parte de las víctimas, el Tribunal Supremo de Japón declaró el mes pasado que esta antigua ley era inconstitucional, lo que obligó al Gobierno a compensar a 11 de las víctimas reconocidas, quienes llevaban tiempo exigiendo indemnizaciones. En total, hasta 35 personas han llevado al Ejecutivo a los tribunales.
Este fallo es celebrado como un acontecimiento histórico en Japón. Además, la corte estableció que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno, el plazo de prescripción de 20 años no se puede aplicar a las reclamaciones de indemnización por casos de esterilización forzada.
