Morelia, Michoacán.- Por unanimidad, el Pleno del Poder Legislativo votó a favor de elevar a rango constitucional el reducir de 68 a 65 años, el mínimo de la edad para tener acceso a la pensión del bienestar, a personas con discapacidad permanente, al pago de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos, y a la recepción de fertilizantes gratuitos.
Fue en Sesión Extraordinaria, donde las y los legisladores aprobaron la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Bienestar.
La Minuta tiene el objetivo de establecer que toda persona tiene derechos a disfrutar de una vivienda adecuada; la obligación de la Federación y las entidades federativas garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como determina que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las y los menores de 18 años de edad.
Otro objeto de la misma, es también reducir de 68 a 65 años la edad para tener acceso a la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; aunado a ello, se mandata al Estado destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, estableciendo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales con el que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo, se propone establecer la obligación del Estado de la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; apoyo anual directo de fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala; y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.
Con la aprobación de la Minuta, se pretende reducir los índices de pobreza y la exclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de apoyos económicos de manera recurrente; así como reconocer su prerrogativa al acceso a servicios de rehabilitación, cuyos costos son elevados.