Redacción | Grupo Marmor
Este primero de enero entraron en vigor las reformas relativas al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana que preside Omar García Harfuch y de ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa.
Dichos decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de diciembre y entraron en vigor este miércoles.
Respecto a la primera, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción de la SSPC.
De acuerdo con el decreto, la secretaría de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
También le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno.
Por otro lado, el decreto que reforma el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva de oficio, es decir, de manera automática.
Con la reforma se incluyeron como delitos graves la extorsión, las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y drogas sintéticas, así como el contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, como defraudación fiscal.
La prisión preventiva oficiosa o automática, es una modalidad para que las autoridades puedan encarcelar a las personas sin que se haya demostrado su culpabilidad ni una sentencia de por medio. Bajo esta medida cautelar, las personas imputadas llevan su proceso penal detrás de las rejas.