Redacción | Grupo Marmor
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado oficialmente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. Entre los grupos designados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Además, el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con presencia en México y otros países de la región, también fue incluido en la lista.
Esta designación, que entrará en vigor el jueves tras su publicación en el Registro Federal, significa que estas organizaciones serán tratadas como amenazas directas a la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
La medida permitirá a las agencias estadounidenses desplegar mayores recursos y aplicar sanciones más severas contra cualquier individuo o entidad que colabore con estos grupos.
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— Grupo Marmor (@Marmor_Noticias) February 19, 2025
El Secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la declaración afirmando que “existe una base fáctica suficiente” para considerar a estas organizaciones como grupos terroristas, una decisión que se tomó en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro de EE.UU.
Esta medida responde a un decreto firmado por el presidente Donald Trump el 20 de enero, en el que instruyó a los funcionarios a evaluar si ciertos cárteles y pandillas transnacionales debían recibir esta designación.
El decreto otorgó un plazo de 14 días para realizar las evaluaciones pertinentes e implementar la decisión.
Según el gobierno estadounidense, estos grupos criminales van más allá de la delincuencia organizada convencional, ya que operan con tácticas similares a las de insurgencias y guerras asimétricas. Asimismo, se ha señalado su colaboración con actores externos, como grupos terroristas y gobiernos hostiles, y su infiltración en diversas estructuras gubernamentales en América Latina.
El impacto de esta decisión podría ser significativo en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, ya que abre la puerta a posibles intervenciones más agresivas contra estos grupos en territorio mexicano, lo que podría generar tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Mientras tanto, el gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial sobre la medida.