Redacción / Grupo Marmor
El caso del futbolista venezolano Jerce Reyes Barrios, deportado a El Salvador por la administración Trump a pesar de una orden judicial para su regreso a Estados Unidos, ha generado un escándalo. Reyes Barrios fue acusado de ser miembro del Tren de Aragua (TDA), una organización criminal designada como terrorista foránea, basándose únicamente en un tatuaje del Real Madrid en su brazo.
La abogada de Reyes Barrios, Linette Tobin, ha presentado una declaración jurada en la que afirma que su cliente nunca ha sido arrestado o acusado de un crimen. Ella y la familia de Reyes Barrios no han podido contactarlo desde su deportación el 15 de marzo y desconocen su situación en El Salvador.
El zar fronterizo, Tom Homan, ha defendido la deportación, asegurando que Reyes Barrios es miembro del TDA, pero sin ofrecer pruebas concretas. Homan argumenta que la decisión se basa en información de inteligencia recopilada por ICE, pero no ha revelado detalles específicos.
El caso ha generado controversia, ya que se basa en una acusación vaga y sin pruebas. La abogada de Reyes Barrios ha presentado evidencia de que su cliente nunca fue arrestado o acusado de un crimen y que el tatuaje no es un símbolo del TDA. El caso también ha puesto en evidencia las políticas de deportación de la administración Trump, que han sido criticadas por su falta de transparencia y su enfoque en la seguridad nacional por encima de los derechos humanos.
La orden judicial del juez James Boasberg para el regreso de Reyes Barrios a Estados Unidos ha sido ignorada por el Departamento de Justicia, lo que ha generado una batalla legal. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha criticado al juez Boasberg, acusándolo de intentar controlar la política exterior estadounidense. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, ha defendido al juez, asegurando que el impeachment no es la respuesta adecuada al desacuerdo con una decisión judicial.
El caso de Reyes Barrios pone en evidencia la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de un enfoque basado en pruebas y derechos humanos.