Redacción | Grupo Marmor
Marcela, una ex funcionaria del municipio de Tlaquepaque, ha sido sancionada tras comprobarse que cobró su sueldo sin presentarse a trabajar durante casi cuatro años.
La sentencia, dictada por un juez tras un proceso iniciado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, incluye una inhabilitación de 26 años y 11 meses para ocupar cargos públicos, una pena de prisión de casi dos años, y la obligación de reparar el daño causado al municipio.
Marcela estuvo en la nómina municipal entre 2015 y 2019, desempeñándose primero como secretaria en la Dirección de Servicios Médicos Municipales y luego como técnica especializada en el área de regidores.
Sin embargo, solo pudo comprobarse que trabajó durante seis meses en 2017. El resto del tiempo, según la investigación, cobró su salario sin acudir a sus labores. El caso fue denunciado por el Órgano Interno de Control de Tlaquepaque, que presentó las pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción.
Tras ser vinculada a proceso por el delito de peculado, Marcela se declaró culpable, lo que derivó en una sentencia que incluye una multa de 7,510 pesos, la reparación del daño al erario municipal (cuyo monto no fue especificado), y un donativo de 15,000 pesos a la asociación Nariz Roja, dedicada a apoyar a niños con cáncer.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha intensificado sus acciones contra ex funcionarios corruptos en el estado. Entre los casos destacados está el de Galilea Guadalupe “N”, ex abogada del área de Proveeduría en Puerto Vallarta (2021-2024), quien fue procesada por peculado y ejercicio indebido del servicio público.
A pesar de no contar con un título profesional, cobró íntegramente su salario durante cinco meses sin cumplir su horario laboral, acumulando inasistencias y retardos.
Otro caso involucra a Jorge Alonso “N”, ex jefe de nómina de la misma administración en Puerto Vallarta.
Entre febrero y junio de 2024, autorizó pagos completos a una persona que no cumplía con su horario, a pesar de tener conocimiento de las irregularidades en los registros de asistencia. Ambos enfrentan procesos por peculado.
Este caso en Tlaquepaque refuerza el mensaje de que el mal uso de recursos públicos no quedará impune, buscando restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la transparencia en la administración pública.