Ciudad de México.- 24 de abril de 2025.- La senadora de la República, Celeste Ascencio Ortega, presentó una iniciativa que busca cerrar la puerta a la impunidad de quienes se encuentran prófugos de la justicia, al impedir que puedan recuperar el acceso a sus cuentas bancarias mediante resoluciones judiciales.
“No es posible que quienes están evadidos de la justicia dispongan de los recursos que podrían ser producto del desvío de fondos públicos o de otras actividades ilícitas, mucho menos que esto sea permitido por jueces que han perdido el compromiso con la legalidad y la justicia”, subrayó la legisladora originaria de Paracho.
La propuesta, que reforma disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, contempla que aquellas personas enlistadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como bloqueadas por encontrarse en calidad de prófugas, no puedan ser eliminadas de dicha lista mientras continúen evadidos de la justicia.
Esta medida evitaría que dilapiden recursos públicos o utilicen el sistema financiero mexicano para seguir eludiendo la justicia.
La senadora también denunció el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente enfrenta acusaciones por desvío de recursos públicos y ha obtenido una suspensión de amparo.
“Dicho sea de paso, apenas trascendió que obtuvo una suspensión de amparo, precisamente por eso urge la elección de nuevos jueces y magistrados”, afirmó Ascencio Ortega.
En respaldo a su iniciativa, la legisladora destacó el reciente posicionamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su conferencia matutina del 1 de abril señaló: “Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan. Y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos.”
Ascencio Ortega reiteró que esta iniciativa es completamente constitucional, al alinearse con el artículo 38 de la Carta Magna que prevé la suspensión de derechos para quienes estén evadidos de la acción de la justicia.
“Es momento de cerrar el paso a la corrupción y a quienes se burlan del Estado de derecho; pido el respaldo de mis compañeras y compañeros legisladores para aprobar esta iniciativa en favor del Pueblo de México”, concluyó.