Redacción | Grupo Marmor
Un juez federal en Texas derogó el 4 de junio de 2025 la Texas Dream Act, una ley de 2001 que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas reducidas y ayudas financieras en universidades públicas del estado, siempre que hubieran residido en Texas por al menos tres años y se hubieran graduado de una escuela secundaria local.
La decisión, impulsada por una demanda del Departamento de Justicia y respaldada por el fiscal general Ken Paxton, declara la ley inconstitucional por violar la Cláusula de Supremacía, argumentando que otorgaba beneficios a indocumentados no disponibles para ciudadanos estadounidenses de otros estados.
El fallo, emitido por el juez Reed O’Connor, elimina las tarifas preferenciales para unos 57.000 estudiantes indocumentados, que representan el 8% de la matrícula en universidades públicas texanas, según datos de 2022.
Paxton celebró la medida en X como una “victoria para Texas”, mientras que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó que las escuelas no pueden otorgar beneficios a indocumentados que nieguen a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, organizaciones como United We Dream condenaron la decisión, calificándola de “destructiva” y estimando una pérdida económica de 460 millones de dólares anuales en salarios.
Estudiantes como un joven venezolano de 20 años, que aspira a estudiar medicina, expresaron su frustración: “Es injusto negar la educación a quienes queremos contribuir. Mi sueño de graduarme está ahora más lejos”.
La medida, que afecta a miles de jóvenes y podría vaciar aulas, ha generado críticas por su impacto en la fuerza laboral y la economía de Texas.