Redacción / Grupo Marmor
Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, estuvo bajo vigilancia secreta de la Fiscalía General de la República (FGR) durante al menos dos años, como parte de una investigación por un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos relacionado con la compra de cuarteles para la Guardia Civil.
La FGR sostiene que Aureoles y siete de sus ex funcionarios habrían firmado contratos con una inmobiliaria sin experiencia, incurriendo en delitos como peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las operaciones se habrían realizado de manera sistemática entre 2015 y 2021, según los expedientes judiciales.
Desde 2023, agentes ministeriales se desplazaron a Michoacán para seguir sus movimientos. Lo vigilaban en distintos domicilios en Morelia y Zitácuaro, y extendieron el seguimiento a otras entidades como Guerrero y el Estado de México. Incluso intentaron usar drones, aunque su operación fue bloqueada por interferencias de señal.
Autoridades también documentaron múltiples viajes al extranjero realizados por el ex mandatario, incluyendo salidas a Estados Unidos, España y Brasil, lo que incrementó las sospechas de una posible fuga.
La orden de aprehensión fue emitida en febrero de 2025 y, aunque Aureoles trató de obtener un amparo para evitar su captura, este fue rechazado por una jueza federal al considerar que existen pruebas sólidas de su participación en los hechos.
La investigación revela que los cuarteles se compraron a sobreprecio, favoreciendo a una empresa sin la capacidad técnica ni legal para ofrecer los servicios. Además, no hay evidencia documental que respalde legalmente las adquisiciones.
El caso ha reavivado el debate sobre la corrupción en los gobiernos estatales y el uso indebido de recursos públicos destinados a la seguridad.