Javier Velázquez/Grupo Marmor
El juez federal Froylán Muñoz, aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), defendió sus resoluciones judiciales en casos de feminicidio, incluyendo el caso de Jessica González Villaseñor, donde se redujo la pena al feminicida.
Muñoz se deslindó de la decisión, atribuyéndola a otras instancias judiciales y afirmando que su papel fue únicamente de revisión.
El juez sostuvo que en los tribunales de amparo no se fijan penas, sino que se revisa que la autoridad haya actuado correctamente. Muñoz afirmó que su actuación en el caso fue legal y constitucional, y que no busca agravar a la familia de la víctima, sin embargo, evitó asumir responsabilidad directa o ética ante las consecuencias de sus resoluciones en la percepción pública sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida.
Muñoz recurrió al argumento técnico y a su rol institucional para justificar sus decisiones, evitando hablar sobre el impacto social que generan este tipo de sentencias.
El juez también planteó implementar buzones de denuncia anónima para detectar corrupción interna en la FGE, aunque reconoció no tener conocimiento directo de funcionarios con vínculos delictivos.
A lo largo de su exposición, Muñoz insistió en su experiencia técnica y en su paso por la judicatura, pero dejó sin responder de fondo los cuestionamientos sobre por qué sus sentencias han beneficiado a agresores y debilitado la confianza en el sistema judicial, particularmente en casos con perspectiva de género.