María de Jesús Mundo, conocida como Doña Mary, falleció el pasado 24 de julio a los 79 años en una banca de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), lugar donde residió por más de tres años a la espera de que sus hijos regresaran por ella. Este lunes 28 de julio, una mujer que se identificó como su hija reclamó finalmente el cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo).
La mujer, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, viajó desde Cuernavaca, Morelos, en compañía de un sobrino, y ambos se acreditaron para recibir los restos de la señora Mundo. Tras confirmar su parentesco, el cuerpo de Doña Mary les fue entregado oficialmente.
Durante años, Doña Mary permaneció en la sala de espera de la CAPU luego de ser desalojada de su vivienda en Tehuacán. Se rehusó a trasladarse a albergues o aceptar ayuda de instituciones, con la esperanza de reencontrarse con alguno de sus hijos, en especial su hija Alma, de quien decía residía en Estados Unidos.
La historia de Doña Mary se convirtió en un símbolo del abandono de adultos mayores en México. A pesar de sus problemas de salud, ella continuó viviendo en la terminal, recibiendo apoyo ocasional de viajeros y ciudadanos que se conmovieron por su situación. En 2024, su caso fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó al DIF estatal a emitir boletines para localizar a sus familiares. Doña Mary mencionó que tenía tres hijos: Alma, Víctor Manuel y Marina Guadalupe. Sin embargo, durante todo ese tiempo, nadie respondió.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna investigación por abandono o negligencia en contra de los familiares. Tampoco se ha confirmado si la familia estaba al tanto de la situación de la señora Mundo. La única declaración conocida de parte de ellos indica que “ella nunca quiso irse a vivir” con ellos.
El fallecimiento de Doña Mary y la posterior aparición de su familia han generado indignación en la opinión pública y han reavivado el debate sobre el abandono de adultos mayores en situación de calle. Su caso evidencia la necesidad de reforzar políticas públicas y redes de apoyo que protejan a las personas mayores, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.