Este jueves 25 de septiembre de 2025, un grupo de manifestantes encapuchados protagonizó una protesta de alto impacto en la Ciudad de México, como parte de las conmemoraciones del 11.º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los manifestantes derribaron la puerta del Campo Militar 1-A en Naucalpan, Estado de México, utilizando un camión de carga que después incendiaron, mientras lanzaban petardos hacia el interior de la instalación.
🔥🚨 #ÚltimaHora | Encapuchados atacan Campo Militar 1: lanzan petardos, derriban puertas y prenden fuego a un camión en protesta por los 43 normalistas de #Ayotzinapa
— Grupo Marmor (@Marmor_Informa) September 25, 2025
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El hecho ha sido documentado en redes sociales y medios nacionales, provocando una fuerte reacción pública. La acción forma parte de una serie de movilizaciones que buscan exigir justicia y transparencia en el caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. Familiares y compañeros de las víctimas han demandado repetidamente al gobierno y a las Fuerzas Armadas la entrega de documentos y pruebas clave que, aseguran, podrían esclarecer lo sucedido.
A pesar de promesas oficiales, persiste la frustración entre las familias y colectivos de defensa de derechos humanos, quienes han denunciado la falta de avances significativos en las investigaciones. Este hecho se suma a un contexto de protestas constantes que, según los organizadores, buscan mantener viva la memoria de los normalistas y presionar a las autoridades para resolver el caso.
Las autoridades informaron que personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se retiraron del lugar inicialmente para evitar confrontaciones, aunque luego acudieron para controlar el fuego y asegurar la zona. Este episodio ha reavivado el debate sobre el uso de la protesta pacífica versus la violencia como herramienta de exigencia. Mientras algunos sectores defienden la protesta como legítima expresión de indignación, otros condenan el uso de la fuerza y los daños materiales como vías para buscar justicia.
Organismos de derechos humanos y medios internacionales continúan monitoreando el desarrollo de las manifestaciones, mientras la comunidad exige respuestas claras y acciones concretas del gobierno. La tensión social se mantiene alta, y el caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de impunidad y lucha por la verdad en México.