El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla, por primera vez, recursos específicos para labores anticorrupción en casi todas las dependencias del Poder Ejecutivo, con excepción de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad.
De acuerdo con el Anexo Transversal Anticorrupción, el próximo año se destinarían 9 mil 599 millones de pesos a programas de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción, lo que representa un aumento del 21 % respecto a los 7 mil 939 millones etiquetados en 2025.
El anexo, vigente desde 2021, detalla cuánto dinero se etiqueta cada año en el PEF para acciones anticorrupción en las instituciones con atribuciones en la materia, principalmente las del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, en 2026 las instituciones especializadas sufrirían fuertes recortes. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) vería reducidos sus recursos etiquetados de 1,225 millones a 834.7 millones de pesos, es decir, un recorte del 32 %. Aún más drástica sería la caída para la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), que pasaría de 128.8 millones a solo 6.3 millones, lo que equivale a una disminución superior al 95 %.
En contraste, instituciones que no forman parte del SNA ni están especializadas en el tema, como el IMSS y el ISSSTE, recibirán presupuestos anticorrupción incluso mayores a los de los órganos especializados. El ISSSTE, por ejemplo, dispondrá de 1,693 millones de pesos para fortalecer mecanismos de control interno y administración de riesgos, casi el doble de lo etiquetado para la SABG.