La guerra política entre la gobernadora Layda Sansores (Morena) y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, alcanzó un nuevo nivel de confrontación: el Gobierno campechano declaró de utilidad pública y expropió terrenos pertenecientes a la madre del exgobernador, con el argumento de destinarlos a la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos.
El golpe no es menor. La medida se ejecuta bajo la nueva Ley de Expropiaciones, aprobada hace menos de un mes por el Congreso local con mayoría morenista y que desde su debate fue apodada la “Ley Alito”, pues según el diputado Carlos Ucán permitiría “recuperar terrenos adquiridos por el senador a precios de regalo y hoy valuados en cientos de millones”.
La gobernadora Sansores ha hecho de Moreno su enemigo político predilecto. Con una historia que se remonta a su salida del PRI en 1996 tras militar más de tres décadas en sus filas, la actual mandataria ha convertido cada espacio en una arena de confrontación. Ahora, la disputa no solo es mediática o discursiva: toca directamente al patrimonio familiar del líder tricolor.
De acuerdo con el decreto publicado este lunes, la madre de Moreno y su arquitecto tienen cinco días hábiles para presentar quejas y pruebas ante la Secretaría de Gobierno. Sansores ya advirtió que el procedimiento de expropiación no tardará más de mes y medio en concretarse.
Para los críticos, el Gobierno estatal está utilizando la ley con dedicatoria política: “un traje a la medida para golpear a Alito”. En contraste, Sansores y sus aliados defienden la medida como un acto de justicia social y de recuperación de bienes que, aseguran, fueron obtenidos bajo prácticas de privilegio durante los años en que Moreno gobernó Campeche.
Lo cierto es que la expropiación abre un nuevo capítulo en la guerra personal y política entre Sansores y Alito, una pelea que ya dejó el terreno de las palabras para impactar en lo más íntimo: la familia y los bienes del dirigente priista.