En medio de un fuerte conflicto político, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los terrenos ubicados en una zona residencial de Campeche, que serán expropiados por el gobierno estatal, están vinculados a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y que su adquisición proviene de actos de corrupción y lavado de dinero.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que las investigaciones respaldan la necesidad de tomar medidas firmes contra este tipo de prácticas:
“Hemos detectado propiedades que no corresponden a ingresos legítimos; son bienes obtenidos mediante corrupción y operaciones ilícitas, lo que justifica plenamente el procedimiento de expropiación que impulsa el Gobierno de Campeche”, señaló la Mandataria.
La polémica surgió después de que el pasado lunes el Gobierno de Campeche publicara en el Diario Oficial un dictamen que valida la “causa de utilidad pública” para expropiar terrenos pertenecientes a familiares y personas cercanas a Moreno. Los predios a intervenir suman más de siete hectáreas en la zona residencial Lomas del Castillo, donde se planea construir la Escuela de Salud de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.
La gobernadora morenista Layda Sansores ha declarado que al menos 34 propiedades en Campeche están vinculadas al priista mediante una red de prestanombres, de las cuales 26 se encuentran en Lomas del Castillo. Entre los involucrados, según la Fiscalía de Campeche, figuran el empresario Juan José Salazar Ferrer, así como familiares directos de Moreno: su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y su hermano Gabriel Moreno Cárdenas.
Sansores advirtió:
“Hemos identificado con certeza 34 propiedades, todas ligadas a Alejandro Moreno mediante prestanombres, solo aquí en Campeche. Este es un claro caso de corrupción que no podemos ignorar”.
Además, fuentes del Gobierno estatal informaron que existen otros bienes vinculados a Moreno en los municipios de Champotón y Seybaplaya.
Ante estas acusaciones, Alejandro Moreno respondió que iniciará acciones legales contra la presidenta Sheinbaum, acusándola de abuso de poder y difamación. El dirigente priista aseguró que su patrimonio es legal y transparente:
“No existe fundamento para estas imputaciones. Mi historial patrimonial está debidamente acreditado ante la ley”, afirmó.
Por su parte, Sheinbaum destacó que casos como el de Moreno refuerzan la necesidad de reformar la Ley de Extinción de Dominio, pues los procesos actuales son largos y complejos, incluso cuando hay condenas por delincuencia organizada:
“Es urgente revisar la Ley de Extinción de Dominio, para que la recuperación de bienes ilícitos sea más ágil. No podemos permitir que este tipo de recursos permanezcan en manos de quienes obtienen ganancias de manera corrupta”, concluyó.
Este enfrentamiento político marca un capítulo más en la creciente tensión entre el gobierno federal y el PRI, y coloca bajo el reflector un caso que, sin duda, seguirá generando debate durante las próximas semanas.