Un caso inusual ha encendido el debate sobre la aplicación de la Ley Olimpia en México, luego de que un hombre denunciara a su excompañera de vivienda por extorsión y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de Durango, Brenda e Isaac compartían departamento desde hace tiempo, hasta que las tensiones por problemas económicos fracturaron la convivencia. Una noche, mientras Isaac dormía, Brenda presuntamente le tomó fotografías desnudo, con la intención de usarlas como presión para no pagar la renta.
El intento inicial de chantaje fue rechazado por la víctima, lo que llevó a Brenda a exigirle cantidades mayores de dinero. Al no obtener respuesta, decidió difundir las imágenes en redes sociales, causando un fuerte impacto emocional y social en su expareja.
Tras los hechos, Isaac presentó una denuncia enmarcada en la Ley Olimpia, legislación que sanciona la violencia digital y la publicación no consentida de contenido íntimo. La acusada abandonó Durango poco después y se trasladó a Guadalajara, Jalisco, donde permanece prófuga luego de no presentarse a la audiencia judicial.
Cristian Montenegro, abogado del denunciante, señaló que ya se solicitó una orden de aprehensión que podría ejecutarse en coordinación con autoridades de Jalisco.
“Estamos ante uno de los primeros casos a nivel nacional en el que una mujer es investigada formalmente por violar la Ley Olimpia. Si se concreta una sentencia, marcaría un precedente importante en la aplicación de esta legislación”, comentó.
La carpeta de investigación incluye evidencia sobre el daño emocional, la afectación a la reputación del denunciante y la difusión del material en plataformas digitales, elementos que —según la defensa— fortalecen la acusación.
Aunque la Ley Olimpia surgió como una respuesta al aumento de violencia digital contra mujeres, su redacción es neutral en términos de género. Sin embargo, el abogado advirtió que los hombres que denuncian estos delitos suelen enfrentar barreras adicionales.
“En Durango solo hay una agente del Ministerio Público especializada en delitos contra hombres. Integrar esta carpeta nos llevó casi ocho meses, cuando en otros casos similares el proceso puede avanzar en menos de quince días”, afirmó.
El caso ha generado discusiones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia digital, sin importar su género, y de garantizar una aplicación equitativa de la Ley Olimpia en todo el país.