Ciudad de México. — El Gobierno de México presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra el delito de extorsión, con penas que irán de seis a quince años de prisión, además de incrementarse cuando existan agravantes como cobro de piso, participación de servidores públicos o si el delito se comete desde un penal.
La propuesta, impulsada por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, forma parte de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que será enviada al Congreso de la Unión.
Godoy explicó que con la reforma la extorsión se perseguirá de oficio en todo el país, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia.
“La iniciativa busca coordinar a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, establecer un tipo penal básico y fijar reglas especiales para combatir la extorsión en centros penitenciarios”, señaló.
La propuesta también contempla la creación de programas y políticas interinstitucionales para prevenir este delito, considerado una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.