El gobierno de Michoacán ha asignado 29,300 trámites relacionados con plazas docentes, garantizando los derechos de los maestros y maestras. Tras la reforma constitucional que derogó la anterior reforma educativa, se publicaron la Ley General de Educación y la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que rigen la asignación de plazas en el estado.
El proceso para obtener una plaza docente en Michoacán se inicia cuando las escuelas reportan una vacante por jubilación, maternidad o renuncia. Esta información se registra en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATA). USICAMM emite lineamientos para la asignación de plazas, priorizando a los egresados de las normales y, en la última convocatoria, incluyendo a egresados de las universidades Benito Juárez y de las últimas dos generaciones de la UPD.
En enero se publica la convocatoria y se registran los aspirantes, quienes se someten a una evaluación multifactorial que considera su formación, cursos, experiencia, promedio y conocimientos. Los resultados se publican en eventos públicos con la participación de la Contraloría, el gobierno federal, las expresiones sindicales y los propios egresados. Las asignaciones se realizan entre septiembre y mayo, ya sea de una plaza definitiva o de un código temporal.
Para la asignación de una plaza se requieren dos requisitos indispensables: la vacante presupuestal y la vacante laboral. El gobierno actual ha evitado la asignación de plazas por presiones, como ocurría en el pasado.
Las escuelas deben reportar sus necesidades de plazas, y Planeación valida si efectivamente hay alumnos que requieran educación. Personal y nóminas libera las vacancias presupuestales a USICAMM. Una vez asignado el nuevo docente, se valida por Planeación y se presenta al nivel correspondiente.
En la última semana se asignaron casi 5,000 plazas, incluyendo 480 códigos temporales por jubilaciones, de manera pública, transparente y ordenada, bajo la supervisión de USICAMM y la ley vigente.
El gobierno estatal garantiza los derechos de los maestros y maestras y trabaja en mejorar la ley de USICAMM, en consulta con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se han realizado consultas en 127,000 escuelas en todo el país para mejorar la normatividad vigente.