Bogotá, 20 de octubre de 2025. – Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan una de sus etapas más tensas en décadas, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera retirar a su embajador en Washington tras una serie de enfrentamientos verbales y políticos con el presidente estadounidense, Donald Trump. La decisión se produce en el contexto de los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico, pero que Colombia asegura han cobrado la vida de civiles inocentes.
La controversia comenzó a mediados de septiembre, cuando un operativo militar estadounidense atacó una embarcación en aguas caribeñas, provocando la muerte de un pescador colombiano identificado como Alejandro Carranza. Según el gobierno de Petro, el ataque ocurrió dentro de sus aguas territoriales y constituye una violación directa de la soberanía nacional. Washington, por su parte, sostiene que la operación formaba parte de sus esfuerzos para frenar el tráfico de cocaína y otras drogas hacia territorio estadounidense.
El presidente Petro calificó el hecho como un “asesinato” y acusó a Estados Unidos de actuar unilateralmente en una región donde existen acuerdos de cooperación y comunicación. En respuesta, Donald Trump defendió las acciones de su ejército y lanzó una serie de declaraciones que han agravado la crisis. “Gustavo Petro es un narcotraficante ilegal que ha permitido el auge de los cultivos de coca. Si no cierra esos cultivos, Estados Unidos lo hará, y no será de manera amable”, dijo el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One. Además, anunció la suspensión de la ayuda económica a Colombia y adelantó la imposición de nuevos aranceles a productos colombianos.
Colombia responde con firmeza
Ante estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano anunció el llamado a consultas de su embajador en Washington, calificando las palabras de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional y una posible insinuación de acción militar”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que el país “no aceptará ningún tipo de intervención extranjera” y reiteró que las operaciones de Estados Unidos en el Caribe deben ser revisadas bajo el marco del derecho internacional.
El presidente Petro, por su parte, sostuvo que el conflicto interno de Colombia —que ha dejado cientos de miles de muertos en las últimas décadas— se origina en el alto consumo de drogas en Estados Unidos y Europa. “Colombia pone los muertos, y el norte pone el consumo. Es una ecuación injusta y moralmente inaceptable”, señaló en su cuenta oficial de redes sociales. Además, aseguró que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado y que su país no permitirá más acciones militares extranjeras sin coordinación bilateral.
Antecedentes de un deterioro progresivo
La relación entre ambos países ya mostraba señales de desgaste desde el inicio del segundo mandato de Trump. En 2024, Colombia se negó a recibir vuelos militares con deportados, lo que llevó a Washington a amenazar con sanciones comerciales. Meses más tarde, la visa estadounidense del presidente Petro fue revocada tras un discurso en Nueva York en el que instó a soldados norteamericanos a “obedecer las órdenes de la humanidad y no las de Trump”.
En septiembre de este año, Estados Unidos anunció que Colombia “fallaba en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales” en materia de control de drogas, revocando su certificación por primera vez en casi tres décadas. La decisión fue interpretada por analistas como un golpe directo a la cooperación binacional que durante años ha sostenido la lucha antidrogas en la región.
Crisis de cooperación y posibles consecuencias
Colombia ha sido históricamente uno de los principales receptores de ayuda estadounidense en América Latina, especialmente en temas de seguridad y antinarcóticos. Sin embargo, los recientes recortes presupuestales redujeron la asistencia de más de 700 millones de dólares anuales a poco más de 230 millones en el año fiscal 2025. Con el nuevo anuncio de Trump, la cooperación podría quedar prácticamente paralizada.
Expertos en política internacional advierten que esta ruptura puede tener consecuencias graves. Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, señaló que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países es diaria, estructural y vital. Una suspensión abrupta afectaría tanto la lucha contra el narcotráfico como las operaciones de inteligencia en toda la región”. Por su parte, Gimena Sánchez-Garzoli, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, advirtió que “Estados Unidos está atacando agresivamente a su principal aliado en la lucha contra las drogas, lo cual resulta contraproducente y riesgoso”.
Ataques en el Caribe y nuevas acusaciones
Desde inicios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos siete ataques a embarcaciones en el Caribe, que según Washington transportaban cocaína o fentanilo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que uno de los barcos estaba vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no presentó pruebas concluyentes. Petro rechazó esas afirmaciones y aseguró que una de las embarcaciones pertenecía a “una familia humilde de pescadores”.
De acuerdo con las autoridades colombianas, estos ataques han dejado al menos 32 personas muertas, incluyendo ciudadanos colombianos y ecuatorianos. Sobrevivientes de uno de los incidentes más recientes afirmaron que no transportaban drogas y que fueron atacados sin previo aviso. Estados Unidos, en contraste, sostiene que los barcos operaban como “narco-submarinos” y que las operaciones militares fueron justificadas.
Tensiones ideológicas y geopolíticas
Petro ha insistido en que la política antidrogas de Washington se ha convertido en una herramienta de control sobre América Latina. “Esta no es una guerra contra las drogas, es una estrategia para dominar nuestros recursos naturales y nuestras economías”, declaró el mandatario. Asimismo, comparó los ataques en el Caribe con las incursiones estadounidenses en Venezuela, a las que calificó como “acciones motivadas por intereses energéticos”.
Trump, por su parte, mantiene su discurso de “mano dura” y ha reiterado que su gobierno “no tolerará gobiernos que protejan el tráfico de drogas”. En declaraciones recientes, afirmó que las sanciones y los aranceles a Colombia son “una medida necesaria para proteger la seguridad de los estadounidenses”.
Escenario incierto
La retirada del embajador colombiano no implica una ruptura total de relaciones diplomáticas, pero sí representa el punto más bajo en las relaciones entre Bogotá y Washington en lo que va del siglo XXI. Analistas consideran que el futuro de la cooperación bilateral dependerá de si ambos gobiernos logran establecer canales de diálogo en los próximos meses.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que buscará apoyo de organismos internacionales y aliados estratégicos para denunciar los ataques ante instancias multilaterales. Petro incluso mencionó la posibilidad de solicitar una mediación de países neutrales, como Qatar, con el fin de evitar una escalada mayor.
La crisis se desarrolla en un contexto de creciente inseguridad interna en Colombia, marcada por la expansión de grupos armados ilegales y un repunte en la producción de cocaína, que alcanzó cifras récord en 2024 según datos de la ONU. En medio de este panorama, la ruptura con su principal aliado internacional añade un nuevo desafío a la política exterior y de seguridad del país andino.