La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves que existen empresas con sede en los Estados Unidos que aparecen como investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en casos relacionados con el denominado “huachicol fiscal”, es decir, el contrabando de combustible que evade impuestos en territorio nacional. Las declaraciones abren un nuevo capítulo en el combate al contrabando de hidrocarburos y plantean implicaciones tanto sociales como políticas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la FGR tiene registradas varias carpetas de investigación en las que aparecen empresarios y compañías estadounidenses por su presunta participación en el ingreso ilegal de combustible a México.
“Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, afirmó Sheinbaum. Añadió que, de no existir esa participación, “no se podría explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal”
De acuerdo con la presidenta, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está al tanto de las indagatorias e incluso mantiene procesos paralelos en torno al comercio ilícito de hidrocarburos que cruzan la frontera.
Sheinbaum recordó que la colaboración entre ambos países ha sido constante en temas de seguridad y fiscalización. En meses anteriores, la administración mexicana ya había anunciado un intercambio de información con autoridades estadounidenses para detectar embarques sospechosos y operaciones aduaneras irregulares vinculadas al combustible.
Contexto del “huachicol fiscal”
El término “huachicol fiscal” se utiliza para describir el ingreso de combustibles al país sin el pago de los impuestos correspondientes o mediante el uso de documentos falsos. A diferencia del robo de combustible en ductos, este tipo de contrabando opera a través de redes empresariales y aduanales que simulan importaciones legales.
Autoridades mexicanas estiman que estas prácticas provocan pérdidas millonarias para el erario público, afectando directamente la recaudación fiscal y la competencia en el mercado energético. En algunos casos, los combustibles se introducen como “aditivos” o “lubricantes” para evadir aranceles y controles de calidad.
En lo que va del año, la FGR ha abierto decenas de carpetas relacionadas con este delito, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas reportó la recuperación de miles de millones de pesos por decomisos y sanciones administrativas.
Impacto social
Desde una perspectiva social, la participación de empresas extranjeras en esquemas de contrabando de combustible representa una afectación directa a las finanzas públicas. Los recursos que se pierden por evasión fiscal reducen la capacidad del Estado para financiar programas sociales, infraestructura y servicios públicos.
Además, el ingreso de combustibles irregulares puede alterar los precios del mercado y perjudicar a los consumidores, al permitir que productos no certificados compitan con los distribuidos de forma legal.
Impacto político
En el plano político, las declaraciones de Sheinbaum amplían la dimensión del combate al huachicol fiscal, al incluir posibles responsabilidades internacionales. La mención de empresas estadounidenses introduce un componente diplomático que podría requerir coordinación directa con el gobierno de Estados Unidos.
El tema también tiene implicaciones internas, pues el éxito o fracaso de las investigaciones afectará la percepción sobre la eficacia del gobierno federal en el combate a la corrupción y al contrabando. Si los casos avanzan hasta sanciones concretas, la administración fortalecerá su narrativa de transparencia; si no, podría enfrentar críticas por falta de resultados.
Declaraciones clave
“Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión… pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”.
“Estados Unidos también lo mencionó y tiene sus propias investigaciones”.
Próximos pasos y retos
El gobierno mexicano enfrenta ahora el reto de llevar las carpetas de investigación a resultados judiciales, garantizando sanciones y la recuperación de recursos públicos. La dimensión internacional del problema obliga a fortalecer los mecanismos de cooperación con Estados Unidos y otros países desde los cuales se envía o comercializa el combustible.
Entre las medidas anunciadas se encuentra el refuerzo de la vigilancia en aduanas, la aplicación de controles más estrictos a los agentes aduanales y la modernización tecnológica para el seguimiento de las importaciones de hidrocarburos.
La administración federal también prevé impulsar una nueva fase de auditorías a empresas importadoras y distribuidoras, con el objetivo de detectar operaciones simuladas y lavado de activos derivados del contrabando.
Las revelaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la implicación de actores y empresas estadounidenses en el huachicol fiscal amplían el alcance del combate al contrabando de combustible en México. El caso representa no sólo un desafío económico y judicial, sino también un test de cooperación internacional y transparencia gubernamental. Los avances en las investigaciones y la colaboración efectiva con Estados Unidos serán determinantes para frenar un fenómeno que impacta directamente en las finanzas nacionales y en la confianza pública.