Un tribunal federal en México revocó la medida cautelar que protegía al empresario Ricardo Salinas Pliego de cumplir con una deuda millonaria reclamada por acreedores internacionales. La Presidencia de la República informó que la decisión confirma que el dueño de TV Azteca deberá pagar los montos pendientes, lo que representa un nuevo giro en el largo proceso judicial que enfrenta el magnate.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió revocar la protección que un juzgado de la Ciudad de México había otorgado a Salinas Pliego y a su empresa TV Azteca. La medida suspendía el pago de una deuda derivada de la emisión de bonos por aproximadamente 400 millones de dólares, contratados con inversionistas internacionales.
De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, el fallo determina que el empresario “tiene que pagar”, al quedar sin efecto la suspensión provisional que había frenado las obligaciones financieras de la compañía. La decisión se da tras varios años de litigio en tribunales nacionales e internacionales.
La controversia se originó cuando, en el contexto de la pandemia de COVID-19, TV Azteca dejó de cumplir con los pagos a los tenedores de bonos, argumentando causas de fuerza mayor. Los acreedores acudieron a instancias judiciales en Estados Unidos y México para exigir el cumplimiento del contrato. En respuesta, la televisora obtuvo una medida cautelar en el país que ahora ha sido revocada.
El tribunal consideró que la suspensión otorgada por el juzgado local carecía de fundamentos jurídicos suficientes, al interferir con los derechos de los acreedores y generar incertidumbre sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales. Con esta resolución, los procesos de cobro podrán reanudarse en territorio mexicano, sin impedimentos legales para los reclamantes.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y señaló que la resolución “confirma lo que hemos dicho desde el inicio: se deben cumplir las obligaciones, nadie está por encima de la ley”. Agregó que el Gobierno federal no tiene participación directa en el litigio, pero que se mantiene atento a su desarrollo debido al impacto que puede tener en el ámbito financiero y jurídico del país.
Por su parte, Grupo Salinas manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que continuará utilizando los recursos legales a su alcance para impugnarla. La empresa sostuvo que el fallo no resuelve el fondo del conflicto y que el caso aún cuenta con instancias pendientes tanto en México como en Estados Unidos.
Fuentes del sector judicial señalaron que la deuda total, sumando intereses y penalizaciones, podría ascender a más de 580 millones de dólares. Además de este caso, Salinas Pliego enfrenta varios procedimientos administrativos y fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivados de controversias acumuladas en los últimos años.
Especialistas en derecho corporativo consultados indicaron que la resolución del tribunal federal podría tener implicaciones relevantes para otros procesos en los que empresas mexicanas mantienen litigios financieros internacionales. Subrayaron que el caso pone a prueba la coordinación entre el sistema judicial mexicano y las decisiones de tribunales extranjeros en materia mercantil.
En el plano político, la resolución ha sido interpretada como un mensaje de fortalecimiento del Estado de derecho y del principio de igualdad ante la ley, especialmente frente a grandes corporaciones y figuras empresariales de alto perfil. Sin embargo, las autoridades reiteraron que el Gobierno no interviene en las decisiones judiciales y que el caso seguirá su curso conforme a los procedimientos establecidos.
Con la revocación de la medida cautelar, Ricardo Salinas Pliego y su empresa TV Azteca deberán retomar el proceso de pago a sus acreedores, mientras continúan otras disputas legales pendientes en México y el extranjero. El fallo refuerza la posición del tribunal sobre la obligación de las compañías de cumplir con sus compromisos financieros y marca un nuevo capítulo en los litigios del empresario.