Natalia Montaño Ruelas, trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se volvió tendencia en redes sociales luego de participar en un espectáculo del comediante Franco Escamilla, donde reconoció no saber cuáles son sus funciones dentro de la administración municipal. El incidente generó cuestionamientos sobre el profesionalismo y la rendición de cuentas de los servidores públicos.
El video viral muestra a Franco Escamilla interactuando con el público durante su espectáculo “1995”, realizado en Tepic, Nayarit, el pasado 27 de septiembre. En una parte del show, el comediante le pasó el micrófono a una asistente, quien se presentó como Natalia Montaño, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
El diálogo se desarrolló en tono cómico, pero sus respuestas generaron sorpresa y críticas posteriores. Cuando Escamilla le preguntó qué hacía en su trabajo, Montaño respondió riendo:
“No sé qué hago, la verdad. Me la paso bien… bebo mucho, como, paseo…”
Ante la insistencia del comediante, quien le pidió leer lo que decía su gafete, la mujer contestó:
“Ni sé qué diga mi gafete.”
Estas frases fueron seguidas por risas del público, pero rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la actitud de la funcionaria y su aparente desconocimiento sobre sus responsabilidades laborales. El fragmento, difundido en TikTok y X (antes Twitter), fue compartido por cuentas de entretenimiento y medios nacionales, acumulando millones de reproducciones en pocas horas.
De acuerdo con el portal de transparencia del municipio, Natalia Montaño Ruelas se desempeña como auxiliar administrativo en la Secretaría de Hacienda Municipal de Puerto Vallarta desde marzo de 2025. Su salario bruto quincenal asciende a poco más de 12 mil pesos.
Diversos reportes periodísticos mencionan que podría tener parentesco con un exfuncionario del mismo ayuntamiento, lo que originó especulaciones sobre un posible caso de nepotismo. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas oficiales que confirmen dicha relación.
Después de la difusión del video, Montaño Ruelas publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que sus declaraciones se realizaron en un contexto de humor y que no reflejan su desempeño profesional.
“A un show se va a relajarse; en el trabajo se cumplen las responsabilidades. Cada cosa en su sitio”, escribió.
Posteriormente, la publicación fue eliminada y la funcionaria desactivó los comentarios en sus cuentas personales, lo que generó más reacciones entre usuarios que consideraron insuficiente su aclaración.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta no ha emitido una postura oficial sobre el caso. No obstante, fuentes cercanas al gobierno municipal confirmaron que el video ha causado molestia interna y que se analizará si corresponde aplicar alguna medida administrativa.
En redes sociales, ciudadanos y colectivos locales exigieron una revisión del proceso de contratación y mayor transparencia en la selección de personal. Algunos usuarios consideraron que las declaraciones de Montaño reflejan un problema estructural dentro del servicio público municipal.
El caso de Natalia Montaño ha reabierto el debate sobre la profesionalización del personal en los municipios mexicanos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar la confianza ciudadana, y episodios como este evidencian los riesgos de debilitar esos principios.
La ciudadanía espera que quienes ocupan cargos públicos conozcan claramente sus funciones y actúen con responsabilidad, incluso fuera del ámbito laboral, ya que su conducta puede reflejar la imagen del gobierno al que representan.
Lo ocurrido con Natalia Montaño Ruelas trascendió el ámbito del entretenimiento y se convirtió en un caso emblemático sobre la percepción del servicio público en México. Aunque la funcionaria argumentó que sus comentarios fueron parte de una broma, el impacto mediático subrayó la importancia de la ética, la preparación y el compromiso dentro de la administración pública.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta ahora el reto de reforzar los mecanismos de control y profesionalización de su personal, en un contexto donde la confianza ciudadana depende de la conducta y responsabilidad de quienes manejan recursos y decisiones públicas.