Magisterio denuncia retención de pagos y exige fin a la represión administrativa

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En rueda de prensa, Eva Hinojosa Tera, secretaria general de la fracción conocida como Azul de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cumplir con el acuerdo de no represión pactado en mesas de trabajo con el gobierno federal anterior, así como garantizar el respeto pleno a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación en Michoacán.

Durante su intervención, Hinojosa Tera denunció que persisten actos de hostigamiento y represión administrativa, principalmente mediante la retención de pagos a quienes participan en movilizaciones o protestas. “Se les está reteniendo el pago por salir a las calles a luchar, como ocurre en algunas secciones hermanas del país. Aquí también ya se están reteniendo pagos, se está aplicando la represión administrativa en el llenado y requerimiento de las plantillas de personal”, señaló.

Indicó además que autoridades educativas estatales, a través de supervisores, directores y jefes de sector, están ejerciendo presión sobre los trabajadores, situación que calificó como una agresión directa hacia quienes defienden sus derechos laborales. “Desde este espacio exigimos respeto y el cese a la represión administrativa, al hostigamiento y a las amenazas”, enfatizó la líder magisterial.

Por su parte Jairo Mandujano, representante de la sección XVIII, dijo que si bien el sindicato no defenderá a quienes incumplan con sus deberes laborales, sí protegerá a aquellos que salgan a defender sus derechos, considerándolos parte esencial del movimiento y advirtió a la Secretaría de Educación que si los temas pendientes no se resuelven antes del 13 o 14 de noviembre, la movilización se llevará a cabo, y las autoridades serán responsables de cualquier escalada.

Finalmente, ambos representantes responsabilizaron tanto a las autoridades estatales como federal por la seguridad del magisterio michoacano, reiterando que la base trabajadora tiene el derecho constitucional de manifestarse cuando sus condiciones laborales se ven afectadas.