Washington, D.C. – Este viernes 7 de noviembre, vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, una medida que hasta ahora los protegía de la deportación. La decisión, anunciada por la administración de Donald Trump, deja a cientos de miles de personas en una situación de vulnerabilidad legal y personal.
El TPS permitió que aproximadamente 350 000 venezolanos, que solicitaron este beneficio desde 2021, pudieran residir legalmente en EE.UU., trabajar y acceder a ciertos servicios mientras su país enfrentaba crisis políticas y económicas. Sin embargo, con la expiración de este estatus, los migrantes quedan sin protección legal, corriendo el riesgo de ser detenidos y deportados.
“Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, explicó el abogado Haim Vásquez, especialista en temas migratorios.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un comunicado advirtiendo a los beneficiarios del TPS: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a su país si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Para muchos migrantes, la noticia ha generado alarma y desesperación, especialmente aquellos que han construido sus vidas en Estados Unidos durante los últimos años, trabajando, estudiando y formando familias. Algunos consideran solicitar asilo, aunque no todos cumplen con los requisitos legales para acceder a esta vía.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes han pedido a la administración estadounidense alternativas legales para evitar deportaciones masivas, resaltando el impacto humanitario de la medida y la incertidumbre que genera entre las comunidades venezolanas en diferentes estados del país.
El fin del TPS marca un nuevo capítulo de tensión para los migrantes venezolanos, quienes ahora deberán buscar vías legales alternativas para permanecer en Estados Unidos o enfrentarse a la posibilidad de regresar a un país que sigue atravesando dificultades económicas y políticas.