La agresión sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto público el pasado lunes generó una fuerte reacción política y social en todo el país. En respuesta, el Gobierno federal anunció este jueves un Plan Nacional para la Prevención y Sanción del Abuso Sexual, con medidas que incluyen endurecimiento de penas, protocolos de protección y campañas educativas permanentes.
El hecho ocurrió mientras la mandataria saludaba a simpatizantes al concluir un evento oficial en la capital. Un hombre logró acercarse y tocarla sin consentimiento, hecho que fue grabado y ampliamente difundido en redes sociales. El agresor fue detenido, y la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que enfrenta cargos por abuso sexual y alteración del orden público.
Durante la presentación del plan, Sheinbaum declaró que “ninguna mujer, sin importar su cargo o condición, debe sufrir agresiones físicas ni sexuales”. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, añadió que el programa buscará coordinar esfuerzos entre federación, estados y municipios para reforzar las sanciones y la atención a víctimas.
Entre las acciones inmediatas destacan la creación de módulos de denuncia rápida en espacios públicos, la capacitación obligatoria en perspectiva de género para agentes de seguridad, y la inclusión de contenidos sobre respeto y prevención en los programas escolares.
De acuerdo con datos del INEGI, más del 70 % de las mujeres mexicanas ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida, mientras que la impunidad en delitos sexuales supera el 95 %. Organizaciones feministas valoraron positivamente el anuncio, aunque advirtieron que la aplicación efectiva requerirá presupuesto, seguimiento judicial y cambios culturales sostenidos.
El ataque a la presidenta se ha convertido en un símbolo de la violencia de género estructural que atraviesa México. La respuesta gubernamental busca transformar la indignación en política pública, pero la sociedad civil exige que no quede solo en un gesto reactivo.