La mañana del 12 de noviembre de 2025, el Zócalo de la Ciudad de México se encontró rodeado por un amplio cerco de vallas metálicas, colocadas por las autoridades alrededor del Palacio Nacional y en calles colindantes como Moneda y Corregidora. La medida se tomó como parte de un operativo de seguridad ante las movilizaciones anunciadas por distintos grupos sociales.
Los organizadores que han convocado las protestas incluyen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con un paro de 48 horas, y al movimiento juvenil conocido como “Generación Z”, que ha señalado su descontento con la violencia, la corrupción y la desigualdad.
Algunos manifestantes vinculados a grupos de búsqueda de desaparecidos han levantado el grito de “¡Narcoestado!”, con lo cual denuncian una supuesta colusión entre el Estado y el crimen organizado, así como la impunidad en casos de desapariciones. Esta consigna también se ha convertido en un símbolo de la frustración social hacia las autoridades.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la colocación de las vallas argumentando que no se trata de una estrategia para impedir las manifestaciones, sino de prevenir posibles actos violentos o provocaciones: dijo que hay quienes podrían infiltrar las movilizaciones y usar “artefactos peligrosos”. Además, consideró clave proteger los monumentos históricos de la capital.
Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, respaldó la medida, afirmando que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y conservar la integridad de los edificios patrimoniales.
Mientras tanto, el cerco alrededor del Zócalo y del Palacio Nacional ha generado reacciones encontradas: algunos ciudadanos lo ven como una acción preventiva legítima, otros como un símbolo de represión o de desconexión con las demandas sociales.
Con las vallas ya instaladas y las protestas a la vista, el Zócalo se convierte en un escenario clave: más que una plaza histórica, es hoy un punto de tensión entre quienes exigen cambios y quienes defienden la seguridad institucional.