AMIPAC exige destituir al titular de SSP tras agresiones a periodistas en Morelia

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La Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) exigió la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Carlos Oseguera Cortés, tras los ataques sufridos por las reporteras Liliana Jiménez y Jannia Serriteño durante la manifestación de la Generación Z en el Centro Histórico de Morelia.

En un comunicado, AMIPAC denunció que “Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incluidos grupos de granaderos, ejercieron violencia física, intimidación y uso excesivo de la fuerza contra nuestras compañeras periodistas”. La agresión se produjo en medio de la movilización para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y en rechazo a la estrategia de seguridad federal liderada por Claudia Sheinbaum.

La asociación calificó los hechos como un acto de violencia institucional y una afrenta a la libertad de expresión, pues Liliana Jiménez resultó lesionada de un ojo y Jannia Serriteño sufrió golpes por parte de los agentes. “Estos actos no solo son inadmisibles; representan una afrenta directa a la libertad de expresión, a la labor periodística y a los derechos humanos más básicos. La agresión a periodistas durante su trabajo constituye un acto de violencia institucional, un mensaje de intolerancia y una evidencia del deterioro del respeto hacia la prensa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, expuso AMIPAC.

Ante la situación, la organización exigió la destitución inmediata del titular de la SSP, argumentando que desde su cargo se permite la represión violenta de manifestaciones legítimas. Asimismo, solicitó una investigación “exhaustiva, seria, independiente y transparente” que sancione a los responsables y que el gobierno estatal garantice condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Michoacán.

AMIPAC también pidió medidas preventivas como capacitación a los cuerpos de seguridad en materia de libertad de prensa y derechos humanos, que se deje de justificar la violencia institucional y que se instruya a las corporaciones estatales a respetar los protocolos de actuación con presencia de prensa. El antecedente del caso de la reportera Dalia Villegas, quien denunció agresiones y violaciones a su libertad de expresión ante la FGR, refuerza la exigencia de acciones inmediatas y efectivas.