Ciudad de México — El Senado de la República avanzó en la creación de un nuevo marco legal para enfrentar la extorsión en el país, luego de que las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta, impulsada desde el gobierno federal, busca homologar el tipo penal en todo el país, endurecer las sanciones y dotar a las autoridades de herramientas para investigar esta actividad criminal incluso sin denuncia de la víctima.
El dictamen contempla penas que van desde 15 hasta 25 años de prisión para quienes cometan extorsión, con castigos más severos cuando se trate de casos agravados, como la participación en cobro de piso, la utilización de menores de edad o cuando se cometa contra personas vulnerables. También se plantean sanciones de entre 15 y 25 años para servidores públicos que faciliten o permitan la comisión de este delito, especialmente dentro de centros penitenciarios, donde se ha documentado el uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos para realizar extorsiones.
La iniciativa obliga a las fiscalías del país a crear unidades especializadas con ministerios públicos, analistas y policías certificados, y establece medidas de protección para víctimas y testigos, incluyendo reserva de identidad y mecanismos de comparecencia segura. Los senadores destacaron que el delito de extorsión ha crecido de manera significativa en los últimos años y que la cifra negra supera niveles críticos, lo que hace necesario que el Estado pueda actuar de oficio y no dependa únicamente de la denuncia.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen será turnado al pleno del Senado para su discusión y votación final, y posteriormente deberá ser analizado por los congresos estatales, al ser una ley de carácter general. La expectativa es que el nuevo marco ayude a frenar uno de los delitos con mayor impacto en comercios, trabajadores y ciudadanos en general; sin embargo, especialistas advierten que su efectividad dependerá de la capacidad operativa y presupuestal de las fiscalías, así como de la protección real que pueda brindarse a quienes denuncien.