Gerardo Ortiz, reconocido cantante de narcocorridos, logró evitar la cárcel luego de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. En una audiencia federal, se impuso para él una sentencia de tres años de libertad supervisada, de acuerdo con la defensa y la fiscalía.
Ortiz admitió haber participado en transacciones con una empresa relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de conciertos organizados por una promotora vinculada al crimen.
Su abogado, Mark Werksman, explicó que Ortiz accedió a colaborar con el FBI, testificando contra su ex mánager, José Ángel del Villar, CEO de Del Records, quien también enfrentó cargos por sus lazos con el CJNG.
Según documentos judiciales, el exmánager habría insistido en que Ortiz siguiera dando conciertos para promotores sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU., a pesar de las advertencias.
Para enfrentar el proceso en libertad, Ortiz depositó una fianza de 10,000 dólares.
Al delatar a su exrepresentante, Ortiz se convirtió en testigo clave para la fiscalía, lo que fue un elemento determinante para que se le diera una condena reducida.
Este caso ha generado polémica sobre la relación entre la industria musical de corridos y organizaciones criminales, así como sobre la forma en que artistas pueden obtener beneficios legales por colaborar con las autoridades.