Una reciente reforma aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados plantea penas de uno a ocho años de prisión y multas superiores a los 200 mil pesos para quienes produzcan, vendan, distribuyan o incluso adquieran y conserven vapeadores en territorio nacional. La iniciativa ha generado una intensa discusión legislativa por el alcance de sus sanciones.
Una reforma que extiende la prohibición al consumidor
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde septiembre de 2025, propone modificaciones a la Ley General de Salud con el objetivo de frenar el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. El documento plantea una prohibición absoluta que abarca actividades comerciales, de almacenamiento y hasta la tenencia individual.
El Artículo 282 Quater (uno de los más controvertidos) establece que queda prohibido en todo México “la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro” de estos dispositivos.
Aunque inicialmente se había asegurado que el enfoque estaba dirigido a grandes fabricantes y distribuidores, la redacción también incluye la simple posesión, lo que abre la puerta a sanciones para consumidores comunes.
Penas y multas previstas
La propuesta contempla castigos severos:
- De uno a ocho años de prisión,
- Multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, cifra que supera los 200 mil pesos.
Estas medidas buscan, según sus promotores, reducir los riesgos asociados al uso de vapeadores, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Autoridades de la Comisión de Salud sostienen que la prohibición total es necesaria para proteger la salud pública.
Posturas encontradas dentro del Congreso
Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que la reforma está pensada para frenar la producción y distribución ilegal, señalando que la intención no es criminalizar a consumidores.
Sin embargo, varios legisladores de oposición han criticado la amplitud del texto. Advierten que la prohibición absoluta podría dar pie a abusos, pues la redacción penaliza desde la conservación hasta la adquisición del producto, aun cuando sea para uso personal.
Diputados de diversos partidos han calificado la medida como “desproporcionada”, alertando que podría incentivar el mercado negro y generar persecución indebida contra usuarios y pequeños comerciantes.
La votación en comisión reflejó el choque de posturas: 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención.
Contexto previo y lo que viene
El debate surge tras una reforma constitucional aprobada meses atrás que prohibía la producción y comercialización de vapeadores, pero que no establecía sanciones claras. La nueva iniciativa busca precisamente cerrar ese vacío legal mediante una ley secundaria, aunque su alcance ha provocado cuestionamientos sobre su viabilidad y pertinencia.
El dictamen ahora deberá discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados. Si es aprobado, pasará al Senado, donde podrían incorporarse ajustes, reservas o modificaciones que delimiten mejor a quiénes aplicaría la penalización.
La propuesta de prohibición total de vapeadores representa un cambio profundo en la regulación de estos dispositivos en México. Aunque la intención oficial es combatir su producción y comercio, la redacción actual podría implicar consecuencias penales incluso para quienes solo posean un vapeador en su hogar. El debate legislativo definirá si la reforma se mantiene en su forma más estricta o si se acota para evitar criminalizar a los consumidores.