La reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzará la próxima semana en la Cámara de Diputados, luego de que se integraran diversas modificaciones solicitadas por organizaciones agrícolas, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.
El legislador confirmó que la discusión iniciará en comisiones el lunes 1 y martes 2 de diciembre, mientras que el dictamen —ya con ajustes planteados por los productores del campo— será sometido a votación en el Pleno entre el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre de 2025.
“Muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores, las más importantes las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas”, afirmó Monreal al anunciar el calendario legislativo.
Principales modificaciones solicitadas por el sector agrícola
Entre los ajustes que se incorporarán al dictamen destacan puntos considerados esenciales para el sector agroproductivo:
- Transmisión de concesiones de agua junto con la tierra productiva, permitiendo su herencia a familias campesinas.
- Regulación más estricta de volúmenes asignados para evitar la sobreexplotación de fuentes hídricas.
- Agilización de trámites de permisos y concesiones, reduciendo tiempos y cargas administrativas.
- Facilidades para la regularización de derechos, requisito indispensable para acceder a créditos agrícolas.
- Prohibición expresa de la comercialización del agua agrícola para uso industrial.
Monreal señaló que la intención de estas adecuaciones es proteger los derechos de los productores, garantizar el agua como un bien público y evitar que los recursos hídricos destinados al campo sean desviados hacia otros sectores económicos.
Impacto en estados agrícolas
La reforma beneficiaría especialmente a entidades con gran actividad agropecuaria como Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guanajuato, donde persisten problemáticas relacionadas con la regularización de pozos, la transmisión de derechos de agua y la seguridad jurídica sobre concesiones.
De aprobarse, el nuevo marco legal permitiría a productores y familias rurales operar con mayor certeza, mejorar su acceso a financiamientos y fortalecer la continuidad de las actividades agrícolas en zonas afectadas por la escasez de agua.