El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero —organización fundada por el fallecido líder social Carlos Manzo Rodríguez—, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y establecer un nuevo tipo penal denominado “Homicidio contra Presidenta o Presidente Municipal”.
La propuesta busca ofrecer mayor protección jurídica a quienes ejercen el cargo de autoridad ejecutiva en los municipios, en respuesta a la creciente violencia política que ha afectado a la entidad durante las últimas dos décadas.
Violencia contra alcaldes: 18 asesinatos en 20 años
De acuerdo con la exposición de motivos, entre 2005 y 2025 se han registrado 18 homicidios de presidentes municipales y exalcaldes en Michoacán. Solo en 2025, cuatro ediles en funciones fueron asesinados en los municipios de Churumuco, Tepalcatepec, Tacámbaro y Uruapan.
El legislador señaló que esta situación no solo vulnera a las personas que encabezan los gobiernos locales, sino que también afecta la operatividad municipal, interrumpe proyectos públicos y profundiza la desconfianza ciudadana.
“Cada atentado es un golpe a la democracia, y cada omisión estatal, una herida a la esperanza del pueblo michoacano”, advirtió Bautista Tafolla.
Un tipo penal específico para proteger al gobierno municipal
La iniciativa plantea adicionar el Artículo 123 Bis, que establece una penalidad de 35 a 60 años de prisión para quien prive de la vida a una presidenta o presidente municipal en razón de su encargo.
A diferencia del homicidio calificado, este nuevo delito reconoce la gravedad de afectar directamente la función pública municipal. Además, contempla una agravante: si el homicidio se comete con la intención de alterar la gobernabilidad o incidir en decisiones municipales, la pena podría aumentarse hasta en una mitad.
Asimismo, el proyecto incluye modificaciones a la fracción XVII Bis del artículo 20 y al artículo 47 del Código Penal, reforzando la idea de que el asesinato de un alcalde constituye un atentado directo contra la soberanía municipal.
La memoria de Carlos Manzo, motor de la iniciativa
El diputado recordó que el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez evidenció la vulnerabilidad de los servidores públicos y marcó un punto de inflexión en la agenda legislativa.
“La tragedia en la que fue cobardemente asesinado Carlos Alberto Manzo Rodríguez no puede quedar en la memoria como un hecho más. Su muerte debe ser el detonante de un cambio estructural en las leyes del Estado”, señala el documento presentado.
Bautista Tafolla afirmó que la propuesta busca rendir justicia a la memoria del líder social y a todos los ediles que han perdido la vida en el ejercicio de su cargo.



















